¿Es el fin al limbo jurídico sobre seguridad social de los trabajadores en la economía colaborativa?

En Colombia operan aproximadamente 3.000 plataformas tecnológicas, entre las más conocidas se encuentran, Uber y Rappi.

Uno de los alcances que ha querido hacer la legislación desde su aparición, es el pago de impuestos para las empresas de este tipo de servicios desde el extranjero y la regulación de sus sistemas de vinculación de trabajadores.

La innovación y la tecnología van a pasos mas rápidos que la legislación, es por eso que hasta ahora vemos efectos, como por ejemplo la obligación del pago de IVA del 19% a las plataformas digitales desde que entró en vigencia la reforma tributaria, mientras que Uber ya opera hace más de 5 años en Colombia.  Por concepto de impuestos del 2018 esta plataforma pagará 44.000 millones de pesos al estado colombiano.

En lo relacionado con el sistema de Seguridad Social (cobertura en salud y pensión, y riesgos laborales) se radicó en el congreso el pasado viernes 26 de abril, la ponencia para el segundo debate del PND (Plan Nacional de Desarrollo) que pretende regular en definitiva la situación de los trabajadores de estas plataformas.

El artículo 348: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, en coordinación con los ministerios de Salud, Hacienda y de las TIC, diseñarán y formularán una política pública que permita, entre otros, caracterizar las condiciones de prestación de servicio, y las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de estas aplicaciones y plataformas”.

Las apps deberán entregar al gobierno información sobre sus trabajadores, sus remuneraciones y otro tipo de datos que contribuyan a generar mejores mapas sobre la situación real de la economía colaborativa en Colombia. Hay que tener en cuenta que, aunque existen avances en la regulación, aún queda en el limbo jurídico el tema más importante y es, el de la legalidad de las plataformas para operar en el país, sobretodo para las de transporte colaborativo como Uber, Cabyfy, Beat e InDriver, que según lo ha declarado el Ministerio de transporte prestan un servicio “ilegal”. Y de ellas al parecer solo Uber cumple con el pago de impuestos

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